Raleigh. La Asamblea General del Estado está de regreso para su breve sesión que comienza con la discusión de un proyecto de ley antiinmigrante que obligaría a todos los alguaciles de Carolina del Norte a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La HB10 ya fue aprobada el año pasado por la Cámara de Representantes y comenzará a ser discutida este martes en el Comité Judicial del Senado, donde se espera que avance rápidamente al ser una de las máximas prioridades de la mayoría republicana.

La HB10 obligaría a todos los alguaciles a notificar a ICE para determinar el estatus migratorio de los detenidos acusados de ciertos delitos.

Además, los obligaría a cumplir con todas las órdenes de detención de ICE y retendría a los detenidos durante 48 horas para que los agentes de inmigración puedan tomarlos bajo su custodia.

Esta es la tercera vez que los republicanos intentan forzar esa colaboración entre ICE y los alguaciles del estado. La Legislatura aprobó otras dos leyes similares en 2019 y 2021, pero ambas fueron vetadas por el gobernador demócrata Roy Cooper.

Este año, los republicanos tienen el poder de anular el veto del gobernador, ya que tienen supermayorías en ambas cámaras.

A finales de enero de este año, el presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, exigió que el gobernador Cooper se comprometiera a firmar una legislación que obligara a los alguaciles a colaborar con ICE y amenazó con que si no lo hacía, los republicanos usarían su supermayoría en la Legislatura para hacerlo.

En una conferencia de prensa en ese entonces, Moore dijo que la inmigración sería una de las principales prioridades durante la breve sesión, que comenzó oficialmente el 24 de abril.

En respuesta a Moore, más de 70 organizaciones de todo el estado firmaron una carta dirigida al gobernador Cooper, pidiéndole que se comprometa a vetar una vez más esta legislación.

Las organizaciones que se oponen a la HB10 dicen que la colaboración entre los alguaciles y ICE afectará la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad inmigrante y hará que las víctimas y testigos de delitos prefieran no cooperar con las fuerzas del orden por temor a la deportación.

Además, advierten que esta legislación obligaría a las autoridades estatales a violar los derechos constitucionales de los detenidos, obligándolos a retener a dichas personas más allá del tiempo legalmente establecido y privándolas de su derecho a la legítima defensa en los tribunales estatales.